Usted recuerda aquel 11 de septiembre

En este espacio caben todos los estilos musicales que reivindiquen algo o que al menos nos hagan pensar. Este video no se merece que se comente.Desde aqui solo invito a que se escuche detenidamente y que cada uno juzgue como quiera.

La UCM solicitará la suspensión de la Orden Ministerial que regula el Master de Formación de profesorado

La Universidad Complutense de Madrid solicitará la suspensión de la Orden Ministerial que regula el Master de Formación de Profesorado. Primera victoria contra Bolonia

Esto es sólo el comienzo. La Universidad Complutense de Madrid, la más grande del estado, ha decidido solicitar al Ministerio la suspensión de la Orden Ministerial que regula el Master de Formación del Profesorado (ECI/3858/2007, BOE 27/12/2007).

Se trata de la primera gran victoria del movimiento estudiantil contra la Convergencia Europea (proceso de Bolonia) que comenzó hace dos meses con el encierro en la Facultad de Filosofía y Filología de la UCM. El pasado 18 de abril, los estudiantes, en un debate con el Rector Carlos Berzosa que duró más de cuatro horas y que contó con una asistencia masiva de más de mil personas, habían logrado comprometer al equipo rectoral a convocar un Claustro para discutir esta Orden Ministerial. Ante todo, se trataba de someter a consideración un Manifiesto titulado “La Profesión de Profesor” (1), propuesto por la Junta de Facultad de Filosofía y que ahora ha sido ya firmado por una docena de Juntas más y por miles de alumnos y profesores a título particular.

El Claustro se celebró el día 26 de mayo de 2008 y duró casi seis horas. Se trata de una de las contadas ocasiones en las que se plantea en la Universidad un auténtico debate sobre algo de importancia, pues, en realidad, el proceso de Bolonia en general ha venido imponiéndose a base de montar debates prefabricados entre los que ya están de acuerdo entre sí. Finalmente, por una mayoría abrumadora, el Claustro ha decidido tomar medidas para paralizar el aludido Master de Formación de Profesorado. Es el primer paso que demuestra que no todo es inevitable en este proceso neoliberal que amenaza a la Universidad Pública.

El problema de fondo es el siguiente: dicha Orden Ministerial instituye como requisito para presentarse a las oposiciones para profesor de secundaria haber cursado un Master de Formación del Profesorado (MFP) destinado a formar competencias de psicología, pedagogía, psicopedagogía y didáctica aplicada. Se trata, por supuesto, de ampliar a un año (y a precio de master) el actual “Certificado de Aptitud Pedagógica” (CAP). Este cursillo pedagógico, desde hace décadas, ha sido una auténtica vergüenza para la Academia. Es casi imposible encontrar un profesor de enseñanza secundaria que declare que dicho cursillo le ha aportado nada interesante. Por el contrario, el consenso sobre su inutilidad y su estupidez es apabullante. Probablemente, este es el motivo por el que el CAP jamás ha sido evaluado objetiva y públicamente. Y eso que vivimos tiempos en que se está evaluando la calidad de todo, incluida la tabla de multiplicar.

A este respecto la aludida Orden Ministerial fue una verdadera sorpresa: en lugar de suprimir esa rémora pedagógica, se multiplicaba su precio por diez y se cuadruplicaba en duración.

Las consecuencias de esta decisión descabellada pueden ser muy graves para la Universidad y también para la Enseñanza Secundaria y el Bachillerato. La mayor parte de los alumnos universitarios que piensen en su profesión optarán por cursar el MFP y no un Master de estudios avanzados en filosofía, lingüística, física o biología. A medio plazo, eso sentencia de muerte los másteres de casi todas las facultades teóricas y clásicas. Pero lo peor es el perfil del profesor de secundaria al que se aspira. No ya un profesor que sepa filosofía, física o gramática, sino un asesor psicopedagógico de un material humano al que, en realidad, ya se da por perdido: el alumnado en general de toda la enseñanza pública. Pero esto no es una solución sino un agravamiento de un problema cuyas raíces son de carácter social, económico y político, no académicas.

¿Por qué se premia así a la pedagogía?

Se trata, en efecto, de un verdadero golpe de Estado académico. Lo que en realidad ha ocurrido es que determinados pedagogos bien asentados en puestos de poder han brindado una coartada epistemológica al Proceso de Bolonia. Han disfrazado de revolución educativa lo que en realidad no es más que una reconversión industrial de la Universidad, una puesta del conocimiento al servicio de la demanda empresarial. El Master en Formación del Profesorado no es sino el premio que se les otorga por los servicios prestados. Se prestaron a hacer el trabajito mafioso de la reconversión económica de la Universidad y ahora exigen ser remunerados.

Sus argumentos son siempre los mismos. Lo llevan siendo desde los tiempos franquistas de Villar Palasí, en los que ya se escuchaba esa cantinela: hay que terminar con la rigidez de la enseñanza (¡flexibilizar la educación, igual que el mercado laboral!), proponer una educación no memorística, una enseñanza participativa, no centrada en la lección magistral, no centrada en la enseñanza, sino en el aprendizaje, etcétera, etcétera. Es algo que ya viene repitiéndose desde los años setenta (sólo que entonces no se decía, como ahora, que tanta reforma se iba a hacer a coste cero, dañando la condición de funcionario y flexibilizando la condicional profesional del profesor). Esta ideología “pedagógica” se basa en una hipótesis muy discutible, por mucha aceptación que acostumbre a tener en los Institutos y Facultades de Ciencias de la Educación: la consabida idea (que no por consabida habría escandalizado menos a Platón y a Aristóteles) de que “quien sabe, no por eso sabe enseñar lo que sabe”. Este argumento es una falacia, pero ha sido esgrimido por los “expertos en educación” que asesoran al gobierno hasta acabar por abducirle. Se pretende así que (1) el saber matemáticas, o latín, o gramática, o física no significa saber enseñar matemáticas, saber enseñar latín, saber enseñar gramática, saber enseñar física; y que (2) el “saber enseñar como tal” sería un saber desconyuntable de los anteriores, objeto de las “ciencias de la educación”. Las dos cosas son falsas. Cualquier docente experimentado sabe que la cosa es exactamente al revés: la mejor prueba de que algo que uno creía saber no lo sabe en realidad es que fracasa al enseñarlo. Si no se sabe cómo enseñar algo es porque no se sabe suficientemente, y la consecuencia es que hay que estudiarlo más y mejor. Estudiar más física, matemáticas o latín, no más pedagogía. Por supuesto que siempre habrá grandes investigadores muy sabios que no amen la enseñanza y se nieguen a ejercerla. Pero no será porque no sepan enseñar, sino porque no quieren hacerlo, porque no les gusta la enseñanza, porque odian a los adolescentes, porque prefieren investigar, en fin, por mil razones que no tienen nada que ver con nada que un pedagogo pueda aportarles. Y por descontado, ningún curso de formación del profesorado les hará cambiar de opinión.

Y sea como sea, lo que sí que es seguro es que no hay nadie con un mínimo de vergüenza en la enseñanza secundaria y el bachillerato que defienda la utilidad de la formación pedagógica y didáctica recibida en el CAP. De hecho, más bien hay un consenso importante muy contrario al papel que la obsesión psicopedagógica y didáctica ha cumplido en la enseñanza secundaria. Muchos consideran, incluso, que esa obsesión ha sido el caballo de Troya que se ha utilizado para destruir la enseñanza pública. Ahora se pretende repetir la misma jugada en la Universidad.

En todo caso, la Universidad Complutense se ha plantado y ha dicho claramente que basta de sofismas, de falacias, de tópicos y de lugares comunes. Con el Claustro del día 26 ha comenzado un auténtico debate que seguramente se extenderá a todas las Universidades del Estado.

Ahora, la pelota está sobre el tejado del Ministerio. Por el momento, la UCM ha dicho “no” al Master de Formación del Profesorado. No se trata de un “no” a Bolonia, desde luego, sino, simplemente, de un “no” a uno de sus aditivos españoles, a una ocurrencia masoquista de las autoridades académicas que encabezan una educación pública rendida ya en general a la dictadura de los psicopedagogos.

Otras Universidades seguirán el ejemplo. Y es posible que el curso que viene el “no” sea masivo y que sea un “no” general a la Convergencia Europea y al programa neoliberal de mercantilización de la enseñanza.

Carlos Fernández Liria

¿Acuerdo en el transporte?

El 12 de Junio de 2008 el gobierno anunciaba un acuerdo con la patronal mayoritaria Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que según el mismo gobierno agrupa al 88% de los camiones y sin embargo “sólo” el 57% de las empresas. Estos números dejan claro que la CETM, organización con la que el gobierno ha pactado, es una asociación dirigida por los grandes transportistas.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) junto a otras asociaciones de transportistas autónomos, con cerca de un 20% de representación, por ahora rechaza el acuerdo y reclama la vuelta de la tarifa mínima que fue eliminada en 1998 durante la primera legislatura del PP.

El gobierno de Zapatero viene negociando con las diferentes patronales del transporte hace meses. Al final ha cedido a la presión de las grandes empresas  por lo cual se niega a implantar las tarifas mínimas. Bajo la excusa que dichas tarifas son contrarias a la libre competencia y por lo tanto incumplen la legislación europea. Aunque sendas sentencias del tribunal supremo europeo reconocen a los estados el derecho a fijar dichas tarifas.

La eliminación de la regulación de precios es del año 1998, se produjo en los inicios del boom de la construcción que por su enorme dependencia del transporte por carretera propició un crecimiento del mismo. Mientras el boom se mantuvo los “cargadores”, o sea las empresas que dependen de los transportistas, tuvieron que recurrir a cualquier tipo de transportista, ya fuera autónomo, cooperativo, o un gran transportista, dado que “faltaban camiones. Con la llegada de la crisis las cosas han cambiado y el trabajo ha bajado a la vez que el petróleo se encarecía. Las grandes empresas ante el recorte del margen de beneficios han podido abaratar las tarifas, mediante la reducción de salarios y plantillas. Así han pasado a ser más “competitivas”. En cambio los autónomos, o mejor dicho trabajadores tercerizados, muchas veces provenientes de expedientes de regulación de empleo, que con la indemnización se compraron el camión, no pueden reducir las tarifas. Por este motivo hablan de dumping, refiriéndose a empresas de transportes que contratan en precario y  reciben descuentos por parte de las gasolineras al comprar más combustible. Las medidas todas ellas centradas en incentivos fiscales, descuentos de cuotas en seguridad social dichas rebajas en torno al 4% por trabajador van a suponer una mayor cantidad para las empresas más grandes, además de reduir el presupuesto de la seguridad social. De nuevo se socializan las pérdidas.  Las medidas acoradas van a permitir a los peces gordos comerse  todo el pastel a costa de apretar las clavijas a “sus” asalariados; muchos de los cuales han participado en la huelga, ya que sabían que sin tarifa mínima van a ser ellos los que van apagar la crisis.

Un hecho gravísimo es la muerte de un trabajador en un piquete a manos de un esquirol, ya sea voluntario o bajo amenaza. Este último ha matado a un compañero para ejercer un trabajo que el más que probable ingreso en prisión, le va a impedir hacer. La posición del gobierno ante la muerte de un participante en piquetes, choca muchísimo con otras muertes. Ni condena, ni luto, ni declaraciones formales. Muy diferente hubiera sido si un participante en los piquetes hubiera asesinado a un esquirol. Las empresas de comunicación tanto televisiones, radios, periódicos etc… Se han guardado mucho de entrevistar a familiares y amigos del muerto, de hecho parece que no ha sucedido. Esto no ha sido así con el conductor que  no secundaba la huelga y pudo escapar de un camión incendiado por huelguistas. Cómo en todo hay clases y clases de muertos.

Algunos medios incluso han intentado burdamente equiparar este paro del transporte a la maniobra que la derecha chilena utilizó para intentar llevar al colapso el gobierno de Allende. A la vista de las políticas económicas y sociales del gobierno Zapatero, los resultados en la negociación y los posicionamientos de los diferentes sectores, parece que algunos confunden la velocidad con el tocino. En estos momentos las diferentes administraciones utilizan los medios de represión a su alcance para imponer unos acuerdos destinados a mantener las ganancias de unos pocos.

http://www.enlucha.org

¿Cómo fabricar una crisis alimentaria global?

Lecciones del Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial del Comercio

Walden Bello (*) / The Nation / La Jornada

El aumento global en los precios de los alimentos no es sólo la consecuencia de utilizar productos agrícolas para convertirlos en agrocombustibles, si no de las políticas del “libre mercado” promovidas por las instituciones financieras internacionales. Ahora las organizaciones campesinas están liderando la oposición a la industria agrícola capitalista.

Cuando cientos de miles de personas se manifestaron en México el año pasado contra un incremento del 60% en el precio de las tortillas, muchos analistas culparon a los biocombustibles. A causa de los subsidios del gobierno estadounidense, los granjeros de ese país dedicaban más hectáreas al maíz para etanol que para alimento, lo cual disparó los precios. Esta desviación del uso del maíz fue sin duda una causa del aumento de los precios, aunque probablemente la especulación de intermediarios con la demanda de los biocombustibles tuvo una mayor influencia. Sin embargo, a muchos se les escapó una pregunta interesante: ¿cómo es que los mexicanos, que viven en la tierra donde se domesticó el maíz, han llegado a depender del grano estadounidense?

La erosión de la agricultura mexicana

No puede entenderse la crisis alimentaria mexicana sin considerar que en los años anteriores a la crisis de la tortilla, la patria del maíz fue convertida en una economía importadora de ese grano por las políticas de “libre mercado” promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y Washington. El proceso comenzó con la crisis de la deuda de principios de la década de los 80s. México, uno de los dos mayores deudores del mundo en vías de desarrollo, fue obligado a suplicar dinero al Banco y al FMI para pagar el servicio de su deuda con los bancos comerciales internacionales. El precio de un rescate fue lo que un miembro del consejo ejecutivo del BM describió como “intervencionismo sin precedente”, diseñado para eliminar aranceles, reglamentaciones estatales e instituciones gubernamentales de apoyo, que la doctrina neoliberal identificaba como barreras a la eficiencia económica.

El pago de intereses se elevó del 19 por ciento del gasto federal total en 1982 al 57 por ciento en 1988, en tanto el gasto de capital se derrumbó del 19.3 al 4.4 por ciento. La reducción del gasto gubernamental se tradujo en el desmantelamiento del crédito estatal, de los insumos agrícolas subsidiados por el gobierno, los apoyos al precio, los consejos estatales de comercialización y los servicios de extensión.

Este golpe a la agricultura campesina fue seguido por uno aún mayor en 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Aunque dicho tratado consideraba una prórroga de 15 años a la protección de productos agrícolas, entre ellos el maíz, pronto comenzó a fluir maíz estadounidense altamente subsidiado, lo cual redujo los precios a la mitad y hundió al sector maicero en una crisis crónica. En gran medida a causa de ese acuerdo, México se ha consolidado como importador neto de alimentos.

Con el cierre de la entidad gubernamental comercializadora de maíz, la distribución de importaciones maiceras de Estados Unidos y del grano nacional ha sido monopolizada por unas cuantas empresas trasnacionales, como Cargill. Eso les ha dado un tremendo poder para especular con las tendencias del mercado, de modo que pueden manipular y magnificar los movimientos de demanda de biocombustibles tantas veces como quieran. Al mismo tiempo, el control monopólico del comercio interior ha asegurado que un aumento en los precios internacionales del maíz no se traduzca en pagar precios significativamente más altos a los pequeños productores. Cada vez resulta más difícil a los productores mexicanos de maíz eludir el destino de muchos otros pequeños productores en sectores como arroz, carne de res, pollo y cerdo, quienes se han venido abajo por las ventajas concedidas por el TLCAN a los productos subsidiados estadounidenses. Según un informe del Fondo Carnegie de 2003, las importaciones agrícolas de EEUU han dejado sin trabajo a 1.3 millones de campesinos, muchos de los cuales han emigrado al país del norte.

Las perspectivas no son buenas, pues el gobierno mexicano continúa en manos de neoliberales que desmantelan sistemáticamente el sistema de apoyo al campesinado, un legado clave de la Revolución Mejicana. Como dice el director ejecutivo de Food First, Eric Holt– Jiménez, “Llevará tiempo y esfuerzo para recuperar la capacidad de los pequeños agricultores y no parece que haya ningún deseo político para esto– sin olvidar el hecho que NAFTA debe ser renegociada”.

Creación de la crisis del arroz en Filipinas

Que la crisis global de alimentos se origina en la reestructuración de la agricultura por el libre mercado resulta más claro en el caso del arroz. A diferencia del maíz, menos del 10 por ciento de la producción mundial de arroz se comercializa. Además, en el arroz no ha habido desviación del consumo hacia los biocombustibles. Sin embargo, sólo en este año los precios se han triplicado, de 380 dólares por tonelada en enero a más de mil dólares en abril. Sin duda, la inflación deriva en parte de la especulación de los cárteles mayoristas en una época de existencias escasas. Sin embargo, el mayor misterio es por qué varios países consumidores de arroz que eran autosuficientes se han vuelto severamente dependientes de las importaciones.

Filipinas ofrece un triste ejemplo de cómo la reestructuración económica neoliberal transforma un país de ser exportador neto a importador neto de alimentos. Ahora es el mayor importador mundial de arroz. El esfuerzo de Manila por asegurarse provisiones a cualquier precio se ha convertido en primera página en los medios de comunicación, y las fotos de soldados que protegen la distribución del cereal en las comunidades pobres se han vuelto emblemáticas de la crisis global.

Los trazos generales de la historia de Filipinas son similares a los de México. El dictador Ferdinand Marcos fue culpable de muchos crímenes y malos manejos, entre ellos no llevar adelante la reforma agraria, pero no se le puede acusar de privar al sector agrícola de fondos gubernamentales. Para paliar el descontento de los campesinos, el régimen les otorgó fertilizantes y semillas subsidiadas, impulsó mecanismos de crédito y construyó infraestructura rural. Durante los 14 años de su dictadura, sólo en uno, 1973, se tuvo que importar arroz debido al extenso daño causado por los tifones. Cuando Marcos huyó del país, en 1986, había 900 mil toneladas métricas de arroz en los almacenes del gobierno.

Paradójicamente, durante los siguientes años de gobierno democrático se redujo la capacidad de inversión gubernamental. El BM y el FMI, actuando a favor de acreedores internacionales, presionaron al gobierno de Corazón Aquino para que diera prioridad al pago de la deuda externa, que ascendía a 26 mil millones de dólares. Aquino accedió, aunque los economistas de su país le advirtieron que sería “inútil buscar un programa de recuperación que sea consistente con el pago de la deuda fijada por nuestros acreedores”. Entre 1986 y 1993, entre el 8 y el 10 por ciento del PIB salió de Filipinas cada año en pagos del servicio de la deuda. Los pagos de intereses en proporción al gasto gubernamental se elevaron del 7 por ciento en 1980 al 28 por ciento en 1994; los gastos de capital cayeron del 26 al 16 por ciento. En poco tiempo, el servicio de la deuda se volvió la prioridad del presupuesto nacional. El gasto en agricultura cayó a menos de la mitad.

El BM y sus acólitos locales no se preocupaban, porque un propósito del apretamiento del cinturón era dejar que el sector privado invirtiera en el campo. Pero la capacidad agrícola se erosionó con rapidez, los sistemas de riego se estancaron, y hacia finales de la década de los 90s sólo el 19 por ciento de la red de carreteras del país estaba pavimentada, contra el 82% en Tailandia y el 75% en Malasia. Las cosechas eran pobres en general; el rendimiento promedio de arroz era de 2.8 toneladas por hectárea, muy por debajo de las de China, Vietnam y Tailandia, donde los gobiernos promovían activamente la producción rural. La reforma agraria languideció en la era posterior a Marcos, despojada de fondos para servicios de apoyo, que habían sido la clave para las exitosas reformas de Taiwán y Corea del Sur.

Como en México, los campesinos filipinos padecieron la retirada a gran escala del Estado como proveedor de apoyo. Y el recorte en programas agrícolas fue seguido por la liberalización comercial; la entrada de Filipinas en la Organización Mundial de Comercio (OMC) tuvo igual efecto que la firma del TLCAN para México.

La entrada en la OMC requería eliminar cuotas en las importaciones agrícolas excepto el arroz, y permitir que cierta cantidad de cada producto ingresara con bajos aranceles. Si bien se permitió al país mantener una cuota en importaciones de arroz, tuvo que admitir el equivalente entre el 1 y el 4 por ciento del consumo doméstico en los 10 años siguientes. De hecho, a causa del debilitamiento de la producción derivada de la falta de apoyo oficial, el gobierno importó mucho más que eso para compensar una posible escasez. Esas importaciones, que se elevaron de 263 mil toneladas en 1995 y a 2.1 millones en 1998, hundieron el precio del cereal, lo cual desalentó a los productores y mantuvo la producción a una tasa muy inferior a la de los dos principales proveedores del país, Tailandia y Vietnam.

Las consecuencias del ingreso de Filipinas en la OMC barrieron con el resto de la agricultura como un tifón. Ante la invasión de importaciones baratas de maíz, los campesinos redujeron la tierra dedicada a ese cultivo de 3.1 millones de hectáreas en 1993 a 2.5 millones en 2000. La importación masiva de partes de pollo casi acabó con esa industria, mientras que el aumento de importaciones desestabilizó las de aves de corral, cerdo y vegetales.

Los economistas del gobierno prometieron que las pérdidas en maíz y otros cultivos tradicionales serían más que compensadas por la nueva industria exportadora de cultivos “de alto valor agregado” como flores, espárragos y brócoli. Poco de eso se materializó. El empleo agrícola cayó de 11.2 millones en 1994 a 10.8 millones en 2001.

El doble golpe del ajuste impuesto por el FMI y la liberalización comercial impuesta por la OMC hizo que una economía agrícola en buena medida autosuficiente se volviera dependiente de las importaciones y marginó constantemente a los agricultores. Fue un proceso cuyo dolor fue descrito por un negociador del gobierno filipino durante una sesión de la OMC en Ginebra: “Nuestros pequeños productores agrícolas son masacrados por la brutal injusticia del entorno del comercio internacional”.

La gran transformación

La experiencia de México y Filipinas se reprodujo en un país tras otro, sujetos a los manejos del FMI y la OMC. Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 14 países descubrió que los niveles de importaciones agrícolas en 1995–98 excedieron los de 1990–94. No era sorprendente, puesto que uno de los principales objetivos del acuerdo agrícola de la OMC era abrir mercados en países en vías de desarrollo para que absorbieran la producción excedente del norte.

 

Los apóstoles del libre mercado y los defensores del dumping parecieran estar en extremos opuestos del espectro, pero las políticas que propugnan producen el mismo resultado: una agricultura capitalista industrial globalizada. Los países en desarrollo se integran en un sistema en el que la producción de carne y grano para exportación está dominada por grandes granjas industrializadas como las manejadas por la trasnacional tailandesa CP, en las que la tecnología es mejorada continuamente por avances en ingeniería genética de firmas como Monsanto. Y la eliminación de barreras tarifarias y no tarifarias facilita un supermercado agrícola global de consumidores de elite y clase media, atendidos por corporaciones comercializadoras de granos como Cargill y Archer Daniels Midland, y minoristas trasnacionales de alimentos como la británica Tesco y la francesa Carrefour.

No se trata sólo de la erosión de la autosuficiencia alimentaria nacional o de la seguridad alimentaria, sino de lo que la africanista Deborah Bryce–son, de Oxford, llama la “descampesinación”, es decir, la supresión de un modo de producción para hacer del campo un sitio más apropiado para la acumulación intensiva de capital. Esta transformación es traumática para cientos de millones de personas, pues la producción campesina no es sólo una actividad económica: es un modo de vida milenario, una cultura, lo cual es una razón de que en India los campesinos desplazados o marginados hayan recurrido al suicidio. Se calcula que unos 15 mil campesinos indios han acabado con su vida.

El derrumbe de precios por la liberalización comercial y la pérdida de control sobre las semillas ante las empresas de biotecnología son parte de un problema integral, señala Vandana Shiva, activista por la justicia global: “En la globalización, el campesino o campesina pierde su identidad social, cultural y económica de productor. Ahora un campesino es ‘consumidor’ de semillas y químicos caros que venden las poderosas corporaciones trasnacionales por medio de poderosos latifundistas y prestamistas locales”.

Agricultura africana: desde la complacencia al desafío

La descampesinación se encuentra en un estado avanzado en Latinoamérica y en Asia. Si el BM se sale con la suya, África seguirá el mismo camino. Cómo Bryceson y sus colegas afirman correctamente en un artículo reciente, The World Development Report 2008, con amplia información sobre la agricultura en África, es prácticamente un plan para la transformación de la agricultura continental en una agricultura a gran escala comercial. Pero como en muchos otros lugares, la gente esta pasando de un resentimiento a un completo desafío.

En el tiempo de la descolonización en los 60s, África era un exportador neto de alimentos. Hoy el continente importa el 25% de su comida; casi todos los países son importadores netos. El hambre y la falta de alimentos están al orden del día, con emergencias de alimentos durante los tres últimos años en el Cuerno de África, el Sahel, el sur y el África Central.

La agricultura en África está en una profunda crisis, las causas van desde las guerras a los gobiernos, la falta de tecnología agrícola y el aumento del sida. Como en México y Filipinas una gran parte de la explicación es el abandono de los controles de los gobiernos y los mecanismos de ayudas que bajo el ajuste estructural impuesto por el FMI y el BM como el precio a pagar para la asistencia en pagar la deuda externa.

Los ajustes estructurales trajeron un decline en la inversión, aumentaron el desempleo, reducción del gasto social, reducción del consumo y baja producción. El aumento de los precios de los fertilizantes y al mismo tiempo la reducción de los sistemas de créditos agrícolas lo único que hizo fue reducir el uso de fertilizantes, el tamaño de las cosechas y la reducción de la inversión. La realidad rehusó confrontarse a las expectativas doctrinales de que el estado allanaría el camino para que el mercado dinamizara la agricultura.

En lugar de ello, el sector privado que vio que la reducción en el gasto del estado crearía más riesgos, no cubrieron el desfase. País tras país, la salida del estado “lleno” en lugar de “vaciar” la inversión privada. Donde el sector privado sustituyó al público, según un informe de OXFAM “A menudo lo han hecho en unos términos muy desfavorables para los granjeros pobres, dejando a estos con más inseguridad alimentaria, y a los gobiernos a depender de unas ayudas internacionales poco predecibles.” El sector económico, normalmente a favor del sector privado, estuvo de acuerdo, admitiendo que “muchas de las empresas privadas que vinieron a reemplazar a los investigadores estatales resultaron ser monopolistas en busca de dinero.”

El apoyo que recibieron los gobiernos fue canalizado por el Banco Mundial para la exportación de los productos agrícolas para generar divisa extranjera, la que necesitan los estados para pagar su deuda. Pero como en la hambruna en Etiopia en los años 80, este llevo a que la mejor tierra agrícola se dedicase a la exportación forzando a mover las cosechas para la alimentación a tierras menos favorables, lo que aumento la inseguridad alimentaria, además las indicaciones del BM a varias economías para que se centraran en el mismo tipo de productos para la exportación a menudo llevo a una sobreproducción, lo que hizo que los precios bajasen en los mercados internacionales. Por ejemplo el éxito de Ghana en la expansión del cultivo de cacao llevo a una bajada del precio del 48% entre 1986 y 1989. En 2002–03 la caída en el precio del café contribuyó a otra emergencia de alimentos en Etiopia.

Como en México y Filipinas, los ajustes estructurales en África no fueron sólo sobre la falta de inversión sino de la des–inversión de los gobiernos. Hubo otra diferencia importante, en África el FMI y el BM administraron a pequeña escala, tomando decisiones sobre la velocidad en que los subsidios se terminaban, cuantos funcionarios debían ser despedidos e incluso en el caso de Malawi, que cantidad de reservas de grano se venderían y a quien debían ser vendidas. O sea que los procónsules residentes del BM y del FMI llegaron hasta las entrañas de cómo el estado manejaba la economía agrícola para quedarse con todo.

Mezclando el impacto negativo del ajuste con las injustas practicas de comercio de EEUU y de UE. La liberación permitió que la carne de vacuno subvencionada de la UE llevase a muchos ganaderos del Oeste y el Sur de África a la ruina. Con los subsidios legitimados por la OMC, el algodón procedente de EEUU inundó los mercados con unos precios de entre el 20 y el 55% del coste de producción, por lo que llevaron a la bancarrota a los productores africanos.

Según OXFAM el número de subsaharianos viviendo con menos de 1 dólar diario casi se dobló entre 1981 y 2001 alcanzando los 313 millones, un 46% de la población. El papel que jugó el ajuste estructural es innegable. Como admitió el principal economista del BM para África, “No pensamos que el coste humano de esos programas seria tan grande, y que las ganancias económicas tardasen tanto en llegar”.

Malawi es un ejemplo representativo de la tragedia africana propagada por el FMI y el BM. En 1999 el gobierno de Malawi inició un programa para dar a cada pequeño negocio familiar un paquete con fertilizantes y semillas gratuitamente. El resultado: excedente nacional de maíz. Lo que vino después es una historia que debe ser encumbrada como un estudio clásico de uno de los grandes errores de la economía neoliberal.

EL BM y otros donantes de ayuda forzaron la disminución y eventualmente el abandono del programa, diciendo que el subsidio distorsionaba los mercados. Sin los paquetes gratuitos, la producción cayó. Al mismo tiempo el FMI insistió al gobierno a que vendiera una gran parte de sus reservas de grano para permitir que la agencia de la reserva de alimentos pagase la deuda. El gobierno cumplió. Cuando la crisis alimentaria se convirtió en hambruna en 2001–02, las reservas eran prácticamente inexistentes. Unas 1.500 personas murieron. El FMI no se arrepintió, de hecho, suspendió los pagos de un programa de ajuste aludiendo que “el sector paraestatal continuaría siendo un riesgo para la exitosa implementación del presupuesto de 2002/03. Las intervenciones del gobierno en la agricultura y otros mercados alimentarios están socavando otras inversiones más productivas”.

Pero otra crisis alimentaria aún peor se gestó en 2005, el gobierno había tenido bastante con la estupidez del FMI y del BM. Un nuevo presidente reintrodujo el subsidio para los fertilizantes, permitiendo que 2 millones de familias lo comprasen a un tercio del precio de mercado y las semillas también con descuentos. El resultado: aumento espectacular de las cosechas durante dos años, un excedente de 1 millón de toneladas de maíz y el país se transformó en un exportador de maíz a todo el cono sur de África.

 

El desafío de Malawi al BM podría haber sido un acto de resistencia heroica pero inútil hace una década. El medioambiente hoy es diferente, desde que los ajustes estructurales han sido desacreditados en toda África. Incluso algunos gobiernos donantes y ONGs que lo apoyaban se han distanciado del Banco. Puede que la motivación es prevenir su perdida de influencia en el Continente por asociarse con unas políticas fracasadas y con unas instituciones impopulares cuando la ayuda de China está emergiendo como una alternativa a los programas de ayudas del BM, FMI y los gobiernos occidentales.

Soberanía alimentaria: ¿el paradigma de una alternativa?

No es solamente el desafío de gobiernos como el de Malawi y la disidencia de sus aliados lo que esta socavando al FMI y al BM. Organizaciones campesinas de todo el mundo, cada vez más militantes en resistir la globalización de la agricultura industrial. De hecho, es por la presión de grupos de agricultores que los gobiernos del Sur han rechazado conceder mayor acceso a sus mercados agrícolas y demandando el fin de los subsidios agrícolas en los EEUU y en la UE, lo que llevo a la Ronda de Doha de la OMC al fracaso.

Los grupos de agricultores han creado redes internacionales; uno de los movimientos más dinámicos es Vía Campesina. Ellos no solo buscan “echar a la OMC de la agricultura”, oponerse al paradigma de una agricultura industrial capitalista; también proponen una soberanía alimentaria alternativa. Esto significa en primer lugar el derecho de los países a determinar su producción y su consumo de alimentos y la liberación de la agricultura de los regimenes de comercio global como la OMC. También significa la consolidación de la agricultura a pequeña escala con la protección del mercado interior de los productos importados baratos; precios remunerativos para agricultores y pescadores: abolición de todos los subsidios directos e indirectos a la exportación; y el fin de los subsidios domésticos que promuevan un tipo de agricultura insostenible. Vía Campesina también pide el final de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (TRIPs) que permite a las corporaciones patentar las semillas; se oponen a la agro–tecnología basada en la ingeniería genética; y demanda una reforma del campo. Como contraste a un monocultivo integrado global, ofrecen la visión de una economía tradicional agrícola compuesta de diversas economías nacionales agrícolas comerciando entre ellas pero centradas principalmente en la producción domestica.

Una vez fueron considerados como una reliquia de la era pre–industrial, los campesinos están liderando la oposición a una agricultura industrial capitalista que los relegó a la papelera de la historia. Se han convertido en lo que Karl Marx describía como una “clase en si misma” con conciencia política contradiciendo sus predicciones sobre su fin. Con la crisis de alimentos global, se están posicionando en el primer plano y tienen aliados y gente que los apoya. Los campesinos rehúsan ir dócilmente a esa buena noche y combaten la descampesinación, los acontecimientos en el siglo XXI están mostrando que la panacea de una agricultura industrial capitalista es una pesadilla. Con las crisis medioambientales multiplicándose, las disfunciones sociales de la vida urbana–industrial apilándose y la agricultura industrializada creando una mayor inseguridad alimentaria, el movimiento de los agricultores cada vez está ganando relevancia no solo en los agricultores sino en todos los que se encuentran amenazados por las consecuencias catastróficas de la visión global del capital de una organización de la producción, la comunidad y la vida en si misma.

La Trinchera Obrera